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Dilma Rousseff (1947-)

Dilma Rousseff (1947-)
Dilma Vana Rousseff (Belo Horizonte, Brasil, 14 de diciembre de 1947), más conocida como Dilma Rousseff, es una economista y política brasileña, actual presidente de su país desde el 1 de enero de 2011.
Hija de madre brasileña y padre búlgaro, Dilma se crió en el seno de una familia de clase media alta. Se instruyó en un colegio privado católico y en una respetada escuela pública de Belo Horizonte. Mientras estudiaba en el colegio secundario, tuvo lugar el Golpe de Estado de 1964. Desde aquel momento, comenzó a militar en el movimiento de resistencia contra la dictadura militar. En 1964, siendo estudiante secundaria, comenzó a militar políticamente en la POLOP (Política Operária, en español Política Obrera), para formar luego parte de la organización guerrillera COLINA, reorganizada más adelante como VAR Palmares, uno de los grupos armados más grandes formados contra el régimen militar. Detenida en 1970, fue torturada y luego condenada por un tribunal militar, permaneciendo presa durante tres años.
Una vez libre, se radicó en el Estado de Río Grande del Sur, donde estudió la carrera de Economía, recibiendo la licenciatura en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en 1977. Con la apertura gradual hacia la democracia, que abrió la dictadura militar en la década de 1980, Dilma inició su actuación política en el Partido Democrático Laborista (PDT), liderado nacionalmente por Leonel Brizola, llegando a ser secretaria de Minas y Energía del estado en la década de 1990.
En 2001 rompió con el PDT para ingresar al Partido de los Trabajadores (PT), liderado nacionalmente por Lula da Silva, quien al asumir la presidencia en 2002 la designó para ser Ministra de Minas y Energía. Tras el escándalo de las mensualidades (mensalão) el Jefe del Gabinete José Dirceu renunció y fue reemplazado por Rousseff como Jefa de Gabinete. Renunció a ese cargo el 31 de marzo de 2010 para postularse a la presidencia de Brasil, resultando electa en segunda vuelta con el 56 % de los votos.
Asumió el cargo el 1 de enero de 2011 siendo la primera mujer que ostenta el cargo de máximo dirigente político de Brasil y luego de Michelle Bachelet (2006) y Cristina Fernández de Kirchner (2007), ha sido la tercera mujer electa presidenta en América del Sur.
Su plan de gobierno sigue básicamente los mismos pasos que su antecesor en áreas sociales, económicas e internacional, focalizando su acción en el objetivo de terminar con la pobreza extrema. Ante la llamada “Guerra de Divisas” impulsada por la Unión Europea y Estados Unidos como mecanismo para trasladar la crisis desatada en 2008, impulsó una política de “blindaje” y autonomía, que contó con el apoyo del Mercosur y de los cinco países del Grupo BRICS. Frente a las denuncias y juicios por corrupción durante su gobierno, respondió con energía removiendo a ministros y funcionarios. Tiene a su cargo la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, a realizarse durante su mandato y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Dilma asumió la presidencia el 1 de enero de 2011, en una ceremonia realizada ante el plenario del Congreso Nacional, en Brasilia. La ceremonia fue conducida por el entonces presidente del Senado Federal, el expresidente José Sarney.
Leyó el compromiso oficial de “manter, defender y cumplir la Constituición, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil”. El vice-presidente, Michel Temer, leyó también su compromiso oficial y a continuación se oyó el himno nacional ejecutado por la banda del Cuerpo de Fusileros Navales.
En su discurso de posesión Dilma declaró su compromiso de erradicar la miseria en Brasil y crear oportunidades para todos. También enfatizó la importancia de haber elegido una mujer para el cargo y deseó que este hecho abriese las puertas para otras mujeres en el futuro. Agradeció al expresidente Lula da Silva e hizo mención especial de José Alencar, que no pudo hacerse presente debido a que estaba internado en un hospital. Completó su discurso recordando que aún era necesaria una larga evolución del país en los aspectos político y económico, resaltando también la relevancia de Brasil en el escenario internacional.
Según la Policía, unas 30 000 personas concurrieron al evento de asunción.
Once presidentes estuvieron presentes en la ceremonia, entre ellos Hugo Chávez de Venezuela, Pepe Mujica de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile, Alan García de Perú, Fernando Lugo de Paraguay y Juan Manuel Santos de Colombia.
También estuvieron presentes los presidentes Mauricio Funes (El Salvador), Álvaro Colom (Guatemala), Alpha Condé (Guinea) y Boyko Borisov (Bulgaria), este último debido a la ascendencia búlgara de la presidenta. Y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, José Sócrates, primer ministro de Portugal y el exprimer ministro japonés, Taro Aso. Las ausencias más notables fueron la de los presidentes de Argentina y Bolivia, Cristina Kirchner y Evo Morales.
Dilma asumió el poder con la carga de tener que enfrentar a una prensa influyente que difundía que el titular del Poder Ejecutivo era Lula. Un año después de su asunción, cuando Dilma había conseguido convencer a la opinión pública que era ella la que realmente ejercía el poder en Brasil, el diario El País de Madrid, publicó un artículo titulado “Manda ella” en donde dice:
Ya nadie recuerda que la noche de su victoria electoral prácticamente todos los medios brasileños hablaron de “la victoria de Lula”, ignorando a la propia vencedora.
Los dos primeros años del gobierno de Dilma (2011 y 2012) transcurrieron en el marco de la crisis europea y estadounidense iniciada en 2008. En 2010 el ministro de Economía Guido Mantega denunció que Estados Unidos y la Unión Europea habían iniciado una Guerra de divisas con el fin de trasladar la crisis al resto del mundo. En ese contexto, el gobierno de Dilma adoptó varias medidas proteccionistas con el fin de “blindar” la economía brasileña.
Mientras que el PBI había crecido 7,5% en 2010, las tasa de crecimiento en los dos años siguientes bajó a 2,7% en 2011 y a 0,9% en 2012. Para 2013 el Banco Central previó un crecimiento de 3,1%.68
Asimismo el real siguió una fuerte tendencia devaluatoria, que en 2012 superó el 12% y que el ministro de Economía Guido Mantega definió como un proceso de “desintoxicación” como parte de “una nueva matriz económica”.
A pesar del bajo crecimiento económico, el gobierno de Dilma mantuvo una política de bajo desempleo y sostenimiento del salario real, con el fin de mejorar los indicadores sociales y sostener el mercado interno. El salario mínimo que se encontraba en R$510 (US$ 275) al asumir, fue elevado a R$622 (US$ 348) para 2012 y a R$678 para 2013 (US$ 326). La evolución implicó un 33% de aumento nominal en reales, pero a la vez un leve reducción en dólares del 6% comparado con 2012, debido al proceso de devaluación del real. La tasa de desempleo, por su parte, descendió a su mínimo histórico al finalizar 2012, con un 5,5%.72
Dilma anunció que al asumir la presidencia existían 16 millones de brasileños y brasileñas en situación de pobreza extrema y se propuso como principal objetivo terminar con la miseria durante su gestión.
Dilma puso como principal objetivo de su gestión terminar con la pobreza extrema en Brasil para el fin de su mandato. Mundialmente, se considera en situación de pobreza extrema a la persona que recibe menos de US$ 1,25 por día. Con eje en el Programa Fome Zero (Hambre Cero), Lula había conseguido una notable reducción de la pobreza extrema, que cayó de 19 millones de personas a 10 millones de personas en 2009, tendencia a la baja que se había estancado en su último año de gobierno, impactada por la crisis mundial. De este modo, al asumir Dilma el gobierno, la pobreza extrema había vuelto a subir, instalándose en 12 millones de personas en 2011. En 2011 Dilma informaba que aún existían 16 millones de brasileños y brasileñas en situación de pobreza extrema.
Dilma, que había gestionado el PAC durante el gobierno del Lula, consideró que hasta ese momento, los planes sociales habían atendido principalmente al aspecto del ingreso monetario directo de las personas en situación de pobreza extrema, pero que ese enfoque había llegado a un límite y era necesario diseñar nuevos programas que abordaran con energía la naturaleza multidimensional de la pobreza. Dilma encontró también que había gran cantidad de personas en extrema pobreza que quedaban fuera de los planes.
Es evidente que la situación económica de la década de 2000, en la que se observó la reactivación de la economía con una notable generación de empleo y ampliación de programas de transferencias de ingreso, no fue capaz de alterar estructuralmente la situación de pobreza de la población brasileña asociada a la dimensión de ingreso corriente… Se reconoce que los temas de la pobreza y de la desigualdad son extremadamente complejos y no pueden estar circunscriptos a apenas una dimensión, esto es, el ingreso.
“Brasil avanza refinando cada vez mas su política social” diría Dilma en 2012. Con estos criterios en mente lanzó en junio de 2011 el Programa Brasil Sin Miseria que por un lado buscó atender a los múltiples componentes de la pobreza extrema (ingreso, informalidad, educación, salud, vivienda, género, etc.) y por el otro estableció por primera vez una organización estatal para localizar a las personas en situación de pobreza, recurriendo para ello a la participción activa de los municipios. La ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello, dijo en esa ocasión:
No será el pobre que tendrá que buscar al Estado, sino el Estado que se desplazará adonde están los pobres”, afirmó la ministra.
Tereza Campello
La política social de Dilma para un enfoque multidimensional de la lucha contra la pobreza extrema considera seis dimensiones básicas: ingreso monetario (desigualdades de ingreso por género o raza, acceso a las tarjetas de crédito, bancarización, etc.), inserción productiva (desempleo, informalidad, trabajo infantil, sindicalización, etc.), condición demográfica (cantidad de niños por familia, negros o mujeres jefas de hogar, migrantes internos, etc.), educación (analfabetismo, deserción, acceso a la digitalización, etc.), condiciones de vida (servicios sanitarios, pavimento, alumbrado, vivienda, energía eléctrica, transporte, etc.) y seguridad alimentaria (acceso a los alimentos, calidad, precios).
El programa Brasil Sin Miseria asignó a cada beneficiario una suma mensual de R$70 (US$33) y una serie de acciones coordinadas que pudieran atacar todos las dimensiones de la pobreza, especialmente la inclusión productiva –calificación profesional, asistencia técnica, extensión rural y fomento a la producción – y acesso a bienes y servicios públicos, en especial en las áreas de salud, educación, vivienda, acesso al agua y a la energía eléctrica. La implementación del programa asigna un papel esencial a los municipios.
En el lapso de dos años se empadronaron 2 millones de personas y se estimaba que aún existían otras 700 mil personas a ser localizadas. El Plan Brasil sin Miseria fue complementado con los programas Beca Verde, Mi Casa, Mi Vida II y Brasil Cariñoso.
El programa Beca Verde (en portugués: Bolsa Verde) fue lanzado simultáneamente con el programa Brasil Sin Miseria. Dirigido a la población rural en situación de pobreza extrema, tiene como objetivo promover conductas de protección ambiental y reciclado, asignando un subsidio de 100 reales mensuales.
El programa Mi Casa, Mi Vida II fue lanzado el 16 de junio de 2011 y tiene como objetivo construir dos millones de viviendas hasta 2014, con una inversión de 125 millones de reales (unos 78 millones de dólares). Significa una ampliación de la primera versión del programa lanzado en 2009, durante el gobierno de Lula, que se había propuesto construir un millón de viviendas, de los cuales 250 mil ya habían sido entregadas al momento de anunciar la segunda parte. La versión de Dilma de programa, busca incluir a algunos sectores de la clase media baja, mejorar la calidad de las viviendas, instalar calentadores de agua a energía solar para “reducir la cuenta de electricidad” y permitir que las mujeres que son jefes de hogar puedan suscribirse al programa sin necesidad de contar con la firma del esposo.
El 13 de mayo de 2012 Dilma lanzó el programa Brasil Cariñoso, una ampliación del ya existente Beca Familia (Bolsa Familia). El programa se orienta a los niños menores de seis años en situación de pobreza extrema. A tal fin asigna a cada familia un monto de R$70 (33 dólares) por cada niño menor de 6 años, a la vez que se propone construir seis mil guarderías, así como medidas de salud infantil, como suplementos de vitamina A y hierro y medicación gratuita para los niños con asma. En octubre de 2012 el gobierno anunció que había rescatado de la miseria a 2 800 000 de niños gracias al programa “Brasil Cariñoso”.
La política internacional de Dilma continuó las líneas generales de la orientación impuesta por Lula a partir de 2002, caracterizada por la consolidación de un polo de poder global en Sudamérica expresada en la Unasur y apoyado económicamente en el Mercosur, la autonomización creciente de América Latina, el impulso hacia un orden mundial multipolar, la priorización de las relaciones Sur-Sur, el afianzamiento de la presencia brasileña en África, el desarrollo de una conducta protagónica en el G20 y en el Grupo BRICS, así como la campaña para incluir a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La prioridad de la política externa de Dilma Rousseff es el Mercosur, lo que fue puesto en evidencia con el hecho de que su primer viaje al exterior fue a la Argentina y al Uruguay, aunque omitiendo al Paraguay debido a la situación irregular de su gobierno, considerado como proveniente de un golpe de estado, por parte de Brasil y el resto de los países del Mercosur
A mediados de 2011 concretó un importante acuerdo económico entre Brasil y Venezuela, integrado por catorce convenios de inversión en infraestructura, incluyendo la construcción de un astillero por un valor de 637 000 000 de dólares para la ciudad venezolana de Sucre, concedido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, en el que participarán empresas brasileñas. A fines de 2012, los medios de comunicación tradicionales y la oposición presionaron para que Dilma desconociera al gobierno venezolano, debido a la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que finalmente le causaría la muerte, pero la decisión de Dilma fue reconocer la legitimidad del vicepresidente Nicolás Maduro.
Con respecto a las Américas, en su primer viaje a Estados Unidos, Dilma le exigió a Obama el cese del embargo económico a Cuba. En la VI Cumbre de las Américas que se celebró en Cartagena declaró que debería ser la última sin la participación cubana. Dilma cuestionó también la política monetaria estadounidense (Guerra de divisas), argumentando que disminuyen la competitividad de los países emergentes, reclamando una relación “entre iguales”.También criticó las políticas económicas europeas, argumentando que las mismas llevarán a Europa a una “recesión brutal”.
La agenda exterior de Rousseff concedió un lugar importante al desarrollo de las relaciones con África, tanto internacionales como interregionales. En la III Cumbre Sudamérica-África celebrada en Nueva Guinea en febrero de 2013, Dilma declaró que:
Creo de corazón que el siglo XXI, las próximas décadas, serán las de la afirmación del mundo en desarrollo, y especialmente de África y América Latina. Tenemos la oportunidad histórica de reducir la distancia tanto económica como social que todavía nos separa de los países más avanzados. África y América del Sur seremos protagonistas decisivos de ese nuevo escenario histórico
Una de las características de la política exterior de Dilma fue su decisión de otorgarle un alto perfil a las cuestiones vinculadas con los derechos humanos. Esto produjo una inflexión en la relación de Brasil con Irán,92 que Lula había estrechado notablemente, pero acompañada a la vez de un fuerte cuestionamiento a Estados Unidos por el bloqueo contra el país persa.
La agenda global de Dilma incluye también el objetivo de impulsar al G20 y a otras instancias globales a adoptar decisiones ejecutivas sobre cambio climático, así como reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, para que América Latina y África tengan también un lugar permanente en el mismo.
Dilma también se ha empeñado en conseguir un cambio sustantivo en el patrón de relaciones comerciales internacionales, para “desprimarizar” el contenido de las exportaciones de los países sudamericanos, en especial con Estados Unidos, Europa y China.83
El 18 de noviembre de 2011 la presidenta Rousseff sancionó dos leyes, la ley de Libre Acceso a la Información Pública, y la ley que crea la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado brasileño, entre 1946 y 1988, es decir desde la renuncia a la que fue forzado Getulio Vargas, que abrió paso a la llamada República Nueva (1945-1964), hasta la Constitución de 1988, que cerró definitivamente el período de la dictadura miltar (1964-1985).
Al anunciar la ley Dilma dijo:
Es fundamental que la población, sobre todo los jóvenes y las generaciones futuras, conozcan nuestro pasado, principalmente el pasado reciente, cuando muchas personas fueron presas, fueron torturadas y fueron asesinadas. La verdad sobre nuestro pasado es fundamental para que aquellos hechos que mancharon nuestra historia nunca mas vuelvan a suceder.
La CNV fue constituida el 16 de mayo de 2012 y se le impuso un plazo de dos años para investigar y producir un detallado informe sobre las violaciones de derechos humanos sucedidas en el período 1946-1988, las víctimas y los agentes que las causaron.98 La Comisión está integrada por siete personalidades designadas por la Presidenta: Rosa Maria Cardoso da Cunha, abogada de Dilma durante la dictadura; José Carlos Dias, exministro de Justicia durante la presidencia de Fernando Henrique; Gilson Dipp, ministro del Superior Tribunal de Federal (STF); Claudio Fonteles, exprocurador general de la República (2003-2005); Paulo Sérgio Pinheiro, relator de derechos humanos de las Naciones Unidas; Maria Rita Kehl, psicoanalista y escritora; y José Paulo Cavalcanti Filho, abogado y escritor.
En Brasil rige una Ley de Amnistía sancionada en 1979 que impide enjuiciar a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos antes de esa fecha. Las organizaciones de derechos humanos vienen sosteniendo que la ley es nula en cuanto a los efectos de impedir el enjuiciamiento y castigo de las personas que pudieran haber cometido delitos de lesa humanidad.
En sentido contrario, algunos sectores militares cuestionaron la decisión de Dilma de investigar solo la acción del Estado en materia de derechos humanos y no investigar la actuación de los ciudadanos que pudieron haber cometido delitos políticos en ese período. En respuesta a la iniciativa oficial, estos grupos crearon una Comisión Paralela de la Verdad, que se propone realizar su propio informe sobre los sucedido y prestar asesoramiento legal a los militares que resulten investigados.
Durante la campaña electoral para la segunda vuelta, Dilma asumió el compromiso con diversos líderes religiosos de no enviar al parlamento ningún proyecto de ley para establecer el matrimonio igualitario ni para despenalizar el aborto.La decisión fue tomada luego de haber evaluado que una gran parte del “voto religioso” no la había apoyado en la primera vuelta debido a su posición ante el aborto y que el tema se volvía crucial para el triunfo en la segunda vuelta.
El 15 de octubre de 2010 Dilma difundió una carta abierta para definir su posición, en la que declara que:
Electa presidente de la República, no tomaré la iniciativa de proponer alteraciones de puntos que traten de la legislación del aborto y de otros temas concernientes a la familia.
En la carta abierta Dilma también se comprometió a rever el PNDH3 (Programa Nacional de Derechos Humanos), en todo lo que afectara a la familia. El PNDH3 había sido aprobado durante la presidencia de Lula y establecía entre otros puntos, la separación del Estado y la Iglesia, el “reconocimiento de la unión entre homosexuales” y la profesionalización de la prostitución. Dilma también menciona al PLC (Proyecto de Ley por un Brasil sin Homofobia), que se encontraba en tratamiento en el Senado, y se comprometió a que, en caso de ser aprobado como ley, ella sancionaría solo los artículos “que no violen la libertad de creencia, culto y expresión y demás garantías constitucionales”.
En mayo de 2011, Dilma vetó el llamado “Kit contra la homofobia”, una campaña del Ministerio de Educación para combatir la homofobia en las escuelas y colegios, que había recibido el elogio de la UNESCO por su contenido antidiscriminatorio.105
La política de Dilma frente al aborto y la diversidad sexual generó la crítica inmediata de las organizaciones feministas, LGTB y de derechos humanos, que señalan que Brasil es uno de los países más homofóbicos del mundo, en el que se registran la mayor cantidad de asesinatos de LGBT del mundo, con 266 en 2011 y más de 130 en los primeros cinco meses de 2012.
En diciembre de 2011 Dilma no se hizo presente en la 2ª Conferencia Nacional LGBT, un foro creado por Lula para que las organizaciones de diversidad sexual y de género pudieran debatir las políticas públicas que las afectaban. En su lugar asistió la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário, que recibió un estruendoso abucheo por parte de los y las asistentes.
En marzo de 2012, Dilma sufrió un nuevo revés al recibir el premio “Pao de sebo” (Palo de Jabón), en una tradicional premiación conocida como “los Oscar Gay”, organizada por el prestigioso Grupo Gay de Bahia (GGB), la más antigua organización gay de América Latina. El Pao de sebo es el “premio” que se entrega a los enemigos del movimiento LGTB.
Desde el inicio de su gobierno, tanto los medios de comunicación más poderosos como los partidos de oposición, presionaron a Dilma poniendo el foco en la corrupción y haciendo eje en el escándalo de las mensualidad (mensalão), al que llamaron “El juicio del siglo”. La cuestión es políticamente compleja,110 porque involucra a altos dirigentes del PT, e incluso al propio Lula, al que gran parte de los medios de comunicación y los partidos de oposición buscan relacionar con la corrupción. Está en juego entonces la relación Dilma-Lula, así como la relación PT-Dilma, y por lo tanto la gobernabilidad misma de la gestión de la Presidenta.
El diario británico Open Democracy señaló la complejidad política de la cuestión de la corrupción en Brasil señalando que:
El relato dominante de los juicios del mensalão como un golpe ganador del Brasil en la batalla contra la corrupción, enmascara una verdad incómoda: que los votos comprados por el mensalão le permitieron al Partido de los Trabajadores de Lula avanzar con políticas sociales claves orientadas a la educación, la salud y la distribución del ingreso que sacaron a millones de personas de la pobreza.
El 7 de septiembre de 2011, día de la independencia de Brasil, miles de personas autoconvocadas a través de redes sociales y medios de comunicación, salieron a la calle en diversas ciudades del país, para exigirle al gobierno que “paren de robar” y que condenen ejemplarmente a los acusados del mensalão, en un movimiento asimilado por la prensa a “los indignados” europeos.
La respuesta de Dilma fue tomar la iniciativa y asumir una política de “faxina” (limpieza) que encontró gran apoyo de la población. Durante el primer año de su gobierno, siete ministros renunciaron por presión de la Presidencia, luego de que salieran a la luz denuncias por corrupción, algunos de ellos vinculados con los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. En otro acto anticorrupción, diez y ocho funcionarios del Gabinete de la Presidencia en Säo Paulo fueron separados de sus funciones por orden de la Presidenta.
“Acá no existe un cuadro de crisis, porque los ministros pierden sus puestos pero sus partidos mantienen los ministerios. Rousseff ha sabido tratar estos escándalos sin desbaratar su coalición”, dijo Carlos Lopes, director de la consultoría política Análisis.
La percepción generalizada es que la “presidenta actúa más rápidamente contra los políticos corruptos que sus antecesores, que es menos tolerante con las irregularidades”, sostuvo Rafael Cortés, investigador político del centro de análisis Tendencias, de Sao Paulo.
En ese clima, el 12 de noviembre de 2012, se produjo la primera decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) por el mensalão, condenando a José Dirceu, expresidente del PT y mano derecha de Lula, a la pena de 10 años y 10 meses de prisión. La culpabilidad fue establecida en un fallo dividido de seis contra cuatro jueces, en medio de una polémica pública entre funcionarios judiciales, debido a la falta de anuncio previo a los demás jueces por parte del juez instructor. El Supremo Tribunal condenó finalmente a 25 de los 37 acusados, a los que se sumaron tres diputados condenados sin haber sido enjuiciados, hecho que generó un fuerte entredicho entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Luego de la sentencia Dilma declaró que como presidenta no podía discutir las decisiones del Supremo Tribunal, sino acatarlas.
Estoy radicalmente a favor de combatir la corrupción, no solo por una cuestión ética, sino por un criterio político… Hay diversos procedimentos jurídicos en este terreno y, como presidente de la República, no me puedo manifestar sobre las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Acato sus sentencias, no las discuto. Lo que no significa que nada en este mundo de Dios esté eximido de los errores y de las pasiones humanas.
Las políticas contra la corrupción produjeron un incremento en la imagen positiva del 71 %, cuatro puntos más que la medición de julio.
Durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil fue elegido como sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además de su importancia como evento global, la Copa Mundial de Fútbol, adquiere también una gran importancia política, pues se realizará entre el 12 de junio y el 13 de julio, pocos meses antes de las elecciones presidenciales de 2014, a realizarse el 5 de octubre.
Luego de terminada de gestión de Lula en 2011, quedaron obras por terminar. El exjugador y campeón de fútbol mundial Pelé dijo que:
Los eventos no van a tener mucho problema, nuestra preocupación es la administración, las construcciones, el aeropuerto, los hoteles y el hospedaje, que están un poco atrasados … Brasil tiene que probar que no solamente es un país bueno dentro de la cancha, tiene que probar que es bueno fuera de la cancha también.
A fines de 2011 el ministro de Deportes Orlando Silva -del Partido Comunista Brasileño (PCB)- renunció por denuncias de irregularidades en programas sociales deportivos. Su dimisión generó una crisis en el gobierno, ya que Silva era uno de los organizadores del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. En el plano internacional, la FIFA se mostró preocupada por la crisis en el Ministerio de Deporte, como también por el estado de las obras.
La FIFA se manifestó “inquieta”, y obligó a la Presidenta a entrevistarse, a fines de 2012, con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter para resolver las dificultades que presentaba la organización. En esa oportunidad Blatter dijo:
Después de una buena reunión, llegamos a la conclusión de que el Gobierno y la FIFA precisan trabajar en conjunto para que podamos organizar uno de los mayores mundiales de todos los tiempos.

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